Find CositalNetwork on TwitterFind CositalNetwork on FacebookCositalNetwork RSS feed

Prevención de la corrupción

Descargar aquí

 

I. ÉTICA PÚBLICA Y EJEMPLARIDAD.

Cómo disciplina del conocimiento, la Ética estudia las actitudes, hábitos y comportamientos del ser humano. Analiza y trata de explicar la conducta humana, formulando proposiciones deseables en la actuación de las personas. Se dice que posee ética cuando alguien logra establecer para sí mismo virtudes que se tornan principios bajo los cuales se rige su conducta.

Cuando hablamos de ética pública, nos referimos sencillamente a la ética aplicada en el ámbito público. La ética pública se refiere a los actos humanos en tanto que son realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento de su función de servicio a la ciudadanía. Es un área del conocimiento que agrupa principios y valores orientados al compromiso de servicio público. La Administración Pública es una organización instrumental que sólo se legitima mediante el correcto cumplimiento de su función de servicio a la sociedad, a la ciudadanía. Por ello, la ética pública implica pleno conocimiento y compromiso de las autoridades y funcionarios públicos con el servicio objetivo y eficiente a la ciudadanía. Es, como dijo Max Weber, una “ética de la responsabilidad”, una ética de compromiso con lo público, con el interés general.

La ética pública no es algo abstracto, ya que se materializa en cada acto que realizan cada día las personas que sirven en las múltiples instancias del poder público. Gobernar es decidir. El gestor público se enfrenta constantemente con la toma de decisiones. Las afronta de conformidad con principios y valores. El primero es el de legalidad. El respeto a las normas, en cuanto garantía de los derechos ciudadanos, revela ya una actitud ética básica. Otro es el de objetividad. Las decisiones se deben adoptar en base a datos y análisis objetivos, con total ausencia de elementos de interés particular. Pero ni las normas legales, ni los datos objetivos determinan plenamente las decisiones. Siempre existe un margen, no para la subjetividad, pero sí para principios y valores que son característicos de la forma de actuar de las personas. La ética pública ofrece al servidor público elementos de valor para la toma de decisiones, criterios para encontrar soluciones adecuadas a los problemas sociales.

Así pues, la Ética Pública previene la corrupción, pero no sólo eso, ya que contribuye de forma decisiva al proceso de generación del buen gobierno, coherente, eficiente y equitativo.

Veíamos antes cómo las instituciones bien diseñadas y que funcionan adecuadamente incentivan conductas eficientes y honestas, al tiempo de desincentivan la corrupción. Pero también es cierto que en ocasiones las instituciones en proceso de consolidación se deterioran y fracasan por falta de ejemplaridad de quienes las encabezan. Son procesos que se retroalimentan.

En un contexto de crisis, las instituciones se enfrentan a un medio mucho más exigente, tanto en cuanto a las políticas que deben desarrollar, como en cuanto a la presión social. La estabilidad presupuestaria y la exigencia de superiores estándares de eficiencia eran rigurosamente necesarios. Pero exigir a la ciudadanía tan grandes sacrificios –reducción de sueldos, aumento de jornada, pérdida de derechos…..-, sólo es posible con tres requisitos básicos: políticas bien trazadas; explicaciones razonables y la más estricta ejemplaridad. Sin esto último, se carece de credibilidad y se quiebra la legitimidad.

Hace ya años que tenemos ya una “Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Pero, como todos sabemos, el índice de percepción de la corrupción aumenta considerablemente y la valoración de las instituciones cae de forma alarmante. Algo se está haciendo mal, y tiene mucho que ver con la ejemplaridad como dimensión de la Ética Pública.

En diversas ocasiones, hemos apuntado la importancia del libro de Javier Gomá “Ejemplaridad Pública” (Madrid, 2009), excelente propuesta de regeneración de políticos y funcionarios. A partir de una lúcida comprensión del significado y los mecanismos que rigen las democracias, explicó la necesidad de la emulación como método propedéutico para alcanzar el progreso moral.

Invocar conceptos como la virtud, la paideia y su metodología de autocontención parece devolvernos a un tiempo pasado. Pero quizás esta vuelta a las claves de la libertad responsable del ser humano sea una de las soluciones a muchos de los problemas actuales. Conductas indeseables y excesos desincentivadores de lo público pueden tildarse como manifestaciones de la falta de contención.

Porque, si es cierto que la democracia y sus valores garantizan las condiciones que hacen posible el progreso material y moral, también es cierto que conceden márgenes de libertad que pueden permitir abusos. De ahí que sea preciso reivindicar el papel de las conductas ejemplares, en una suerte de elitismo basado en el comportamiento que debe ser institucionalmente impulsado.

Javier Gomá reivindicó una ejemplaridad igualitaria, en contraposición a la aristocrática. Cada persona tiene la responsabilidad de dar buen ejemplo a los demás con su conducta, actitud hacia el trabajo, relaciones personales…. Pero destaca de forma muy especial la responsabilidad ejemplarizante de políticos y funcionarios. Las Administraciones Públicas han de ser conscientes de que cada una de sus decisiones influye y orienta los comportamientos de muchos ciudadanos. Una Administración austera, transparente, precavida, responsable, imprime en los ciudadanos tales hábitos. Una Administración que despilfarra, mira en el corto plazo, es opaca, deforma a los ciudadanos y contribuye a destruir la democracia.

La democracia no garantiza que sean elegidos los mejores. Pero los que han sido elegidos, precisamente por representar a la ciudadanía, están obligados a sentirse y ser los mejores, dando ejemplo de ello.

La función ejemplarizante del gobierno conecta así tanto con la Ética Pública como con el deber de implicación en lo público de los ciudadanos. Las leyes son necesarias, pero no cambian la sociedad por sí mismas, ya que no pueden reconducir a las personas. Es necesaria la ejemplaridad de los gobernantes y la exigencia ciudadana a esos mismos gobernantes, fundadas ambas en valores compartidos.

 

II. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: COMPLIANCE E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.

¡Buenas instituciones! Ésa es la mejor receta para prevenir la corrupción. Sobre todo, las instituciones informales, arraigadas en la cultura y la conciencia de las personas. Recordemos qué son: “reglas y pautas de interacción, conocidas, prácticas y normalmente aceptadas por los agentes sociales, que mantienen la expectativa de que van a ser aceptadas y cumplidas por los demás”. Si los miembros de una sociedad no admiten prácticas corruptas y están convencidos de que los demás tampoco…, la corrupción no tendrá asiento ni en la sociedad civil ni entre los poderes públicos, a los que se exigirá rotundamente una conducta ética en pro del interés general.

Para ello se necesita educación en valores éticos. “Somos lo que la educación ha hecho de nosotros”, decía Kant. El primer y más importante freno a la corrupción es la educación.

Necesitamos una ciudadanía despierta y participativa.

¿Y las instituciones formales? También son importantes. Sobre todo, dos: la primera es una JUSTICIA INDEPENDIENTE. Una Justicia ágil, eficaz y responsable es un arma potente contra la corrupción. Pero también una Administración profesional y meritocrática. En la Administración, el gestor de conciencia despierta, u óptimo arousalpuede hacer mucho para prevenir la corrupción. El “estado de alerta” es fundamental, porque la atención a determinados detalles facilita la detección de prácticas corruptas. Por el contrario, la proliferación de supuestos “controles” burocráticos no sólo no resuelve nada, sino que a veces enmascara los problemas.

En este sentido, es importante que las Administraciones Públicas dispongan de un Programa de protección para denunciantes o alertadores (whistleblowers).

En octubre de 2017, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó el Informe impulsado por la eurodiputada Virgine Roziére, en el que se hace un llamamiento a la Comisión Europea para que proponga normas –concretamente, una Directiva- que garanticen la protección a los “whistleblowers” en los 27 Estados miembros de la Unión, como uno de los cauces más efectivos para luchar contra la corrupción.

¿Las leyes? Disponer de buenas normas de transparencia y sancionadoras, ayuda. Es un factor importante, pero no debe confiarse todo a él. La práctica se impone a las normas. Un error recurrente es el de querer arreglarlo todo legislando, con una fe ciega e interesada en el “poder taumatúrgico” de las normas.

Compliance e Integridad Institucional:

Las políticas de compliance tienen su origen en el sector privado, en el que un programa de compliance implica adoptar medidas efectivas para prevenir, detectar y responder adecuadamente, con objetividad e imparcialidad, ante conductas inadecuadas que dañan el prestigio y la confianza en la organización.

La integridad institucional fomenta en el ámbito público la generación de políticas que aseguren previsibilidad, seguridad jurídica, equidad e imparcialidad, como clave del desarrollo, incentivando conductas honestas de los servidores públicos, y desincentivando conductas corruptas a inadecuada, que no respondan a los valores de lo público. Es decir, fomentando lo que hemos llamado “buen gobierno”.

Ambos modelos pretenden construir sistemas preventivos sólidos, que eviten la corrupción y las malas prácticas, dañinas para el prestigio y la reputación de las organizaciones, sean públicas o privadas. La función de ambos modelos es prevenir la corrupción, reforzando una cultura ética en las organizaciones públicas y privadas, que mejore su reputación y les ayude a cumplir mejor su finalidad. En el caso de las Administraciones Públicas, que mejore la gobernanza.

En la norma UNE-EN-ISO 19600, denominada “Sistemas de compliance”, encontramos referencias a compromisos de buen gobierno corporativo, integridad, fomento de buenas prácticas...: “Las organizaciones cuya meta es tener éxito a largo plazo necesitan mantener una cultura de integridad y de compliance, así como tomar en consideración las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Integridad y Compliance son una oportunidad para una organización de éxito y sostenible”. No se excluye de este método a las Administraciones Públicas. La compliance, o la integridad institucional es cosa de todas: sector público, sector privado y sociedad civil.

La OCDE, en su recomendación sobre Integridad Pública, de 26 de enero de 2017, dice: “el sector público debería implementar sistemas de integridad, promover una cultura ética y ejercer el liderazgo necesario en este ámbito y, por último, demostrar una rendición de cuentas real y efectiva, utilizando modelos de control interno y de gestión del riesgo, de forma similar a la metodología utilizada por las empresas del sector privado cuando establecen y gestionan sus sistemas de compliance”.

Las instituciones públicas y, en concreto, los gobiernos de las grandes ciudades, deben incorporar una política de compliance como parte de su sistema de gestión o modelo de calidad, para prevenir y luchar contra la corrupción.

 

Valentín Merino Estrada