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BREVE ALUSIÓN DE URGENCIA A LA RECIENTE REFORMA DE LA DISPOSICIÓN FINAL 7ª DE LA LEY 39/2015, de 1 de octubre (LPAC)

Ahora que se ha publicado en el BOE de 4 de septiembre, el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, ya podemos opinar con el debido rigor sobre la reforma legal parcial de la LPAC que, una vez más, se ha introducido por urgencia en una norma atípica y ajena al procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Y, como tal, debemos advertir que, frente a algunos comentarios desorbitados y un tanto exagerados que parecían ver en esta norma la suspensión de la exigencias de tramitación electrónica contenidas en la citada ley, lo único que verdaderamente cambia en la Disposición Final Séptima LPAC respecto a su redacción original es el año al que se alude en su segundo párrafo: pasamos del 2 de octubre de 2018 al 2 de octubre de 2020 en lo que se refiere a la exigencia de unas muy concretas herramientas electrónicas.

Todos los aspectos nucleares del nuevo procedimiento administrativo electrónico y las exigencias derivadas de la ley 40/2015 siguen vigentes. Y, por supuesto, también las relativas a licitación electrónica reflejadas en la LCSP, las contenidas en la Ley de Factura Electrónica y … tantas otras. Por citar sólo alguno de los mencionados aspectos claves de la LPAC que no se ven afectados en absoluto, conviene retener que:

- Sigue siendo obligatoria la gestión electrónica integral de todos los procedimientos administrativos, al menos desde el 2 de octubre de 2016.

- Siguen siendo exigibles los derechos electrónicos de los ciudadanos reflejados en los artículos 13, 14.1 y 53 LPAC, entre otros.

- Todas las AAPP deben disponer de un sistema ajustado a derecho que permita la práctica de notificaciones electrónicas (que no cabe confundir con la notificación por correo electrónico)

- La validez de los actos y documentos administrativos sigue requiriendo, para su validez, su emisión por medios electrónicos conforme a los arts. 26 y 36 LPAC y deben ser electrónicos los expedientes administrativos conforme a su art. 70.

Hay mucho más. Pero esto es sólo un breve comentario de urgencia orientado a atajar algunas interpretaciones de la reforma que, en mi opinión, son poco acertadas.

A pesar de lo confusa que resulta su exposición de motivos, las razones que han dado lugar a esta reforma antes del 2 de octubre de 2018 pueden tener su fundamento en la necesidad de resolver algunos de los siguientes problemas concretos relacionados con las instituciones citadas expresamente en el último párrafo de la Disposición Final Séptima LPAC:

-  La AGE aún no ha podido implantar íntegramente el Registro Electrónico Único exigido en el art. 16 LPAC (la existencia de registro electrónico, no obstante, ya era obligatorio para todas las AAPP desde la ley 11/2007, y lo sigue siendo tras la comentada reforma. Lo que quedaba demorada es la exigencia del registro electrónico único).

- No están disponibles aún las herramientas electrónicas requeridas para hacer operativo el Registro de Apoderamientos (Apodera) y el de Habilitados (Habilita). La DTIC está trabajando en ello, pero aún no se encuentran en producción (s.e.u.o.).

- Algo muy similar sucede con Archive: la exigencia de archivo electrónico único requiere una herramienta compleja y dotada de la seguridad y garantías que permitan dar cumplimiento a las exigencias de la normativa vigente (y entre otras, de la Ley de Patrimonio Histórico).

- Las comunicaciones entre las diferentes Administraciones Públicas  a través de un sistema de interconexión de Registros y los aspectos vinculados a la interoperabilidad de apoderamientos, requiere de un proceso de integración de herramientas pre existentes en diferentes Administraciones desarrolladas en el marco de sus competencias de auto organización mediante un proceso de convergencia complejo no sólo desde el punto de vista tecnológico que no ha podido ser completado.

- Finalmente, el Punto de Acceso Electrónico Único a la Administración, ya operativo en aspectos muy interesantes, requiere un desarrollo más intenso que permita, entre otras cuestiones, dar cabida a las entidades locales para permitir que los ciudadanos puedan también relacionarse con ellas por esta vía, como marca la ley.

En definitiva, sigamos trabajando en la implantación de la gestión electrónica integral de procedimientos administrativos, que esto no es para tanto.

 

Nota: Para completar la visión general de la modificación introducida por el  Real Decreto Ley 11/2018 en el segundo párrafo de la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015  incorporamos estos enlaces a comentarios publicados en diferentes blogs:

José Ramón Chaves (Magistrado). Ver aquí
Concha Campos Secretaria de Administración Local. Ver aquí
Víctor Almonacid: Secretario de Administración Local. Ver aquí
Julio González García Catedrático de Derecho Administrativo. Ver aquí

 

Antonio Villaescusa Soriano. Tesorero de la Diputación de Albacete
Luis Jesús de Juan Casero. Vicesecretario General de la Diputación de Ciudad Real

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