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Diez actuaciones esenciales que hemos de realizar los aplicadores de la LCSP antes de su entrada en vigor.

Observatorio de Contratación Pública

Aunque la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, entrará en vigor el próximo día 9 de marzo de 2018, su contenido material está vigente en su mayor parte, tanto por el efecto directo de las Directivas de contratación desde el 18 de abril de 2016, como por haber incorporado el nuevo texto doctrina legal consolidada sobre contratación pública. Un buen ejemplo de esta vigencia “anticipada” es la obligación de remisión a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de datos sobre los contratos realizados en el año 2017, para elaborar el informe a que se refiere el artículo 328.4 de la Ley 9/2017, analizando el cumplimiento de los objetivos de «estrategia» e «integridad» de las Directivas y las dificultades para alcanzarlos, (Resolución de 15 de noviembre de 2017). Ello nos debería llevar ya a tramitar los contratos a la vista de la nueva Ley, sin perjuicio de las referencias aún al TRLCSP. Los operadores jurídicos hemos de estudiar el nuevo y preparar modelos de pliegos y otros documentos de acuerdo a la nueva Ley. En esta tarea, nos parece esencial tener muy presentes los objetivos básicos que persigue la Ley y proclama desde su exposición de motivos:lograr una mayor transparencia en la contratación pública (integridad), y conseguir una mejor relación calidad-precio, con la implementación de los recursos gestionados mediante contratos de las políticas públicas en materia social, medioambiental, de innovación y de fomento las de pymes (estrategia).

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